“La defensa usaba la chicana para perturbar la declaración de las víctimas”
Por Alejandra Koval
A poco de haber presentado su alegato final, la fiscal María de las Mercedes Soiza Reilly de la causa Esma III detalló cómo recolectaron las pruebas sobre el centro clandestino de detención.
“Los alegatos finales que presentamos en abril último después de cuatro años de trabajo duraron 110 horas porque había muchas pruebas. ¿Se imaginan el esfuerzo que significó, especialmente para mi garganta?”, bromeó María de las Mercedes Soiza Reilly, una de las fiscales federales a cargo de la megacausa Esma III, durante una charla con estudiantes de periodismo en ETER.
Mientras se espera la sentencia del Tribunal Oral Federal 5 en el juicio más grande de la historia del país la fiscal, con voz clara y potente, frases precisas y mucha pasión, describió el proceso de recomponer las historias de las casi 800 víctimas que fueron secuestradas, torturadas y la mayoría de ellas muertas o desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. “Había que crear un reservorio de pruebas irrefutables. Estamos obligados a tener objetividad”, señaló.
Soiza Reilly, que llevó la acusación junto con Guillermo Friele, señaló las dificultades que imponía regirse por el código procesal vigente, con normas obsoletas que no se adecuan a juicios de la envergadura del Esma III, donde había 69 genocidas imputados. La fiscalía también alegó sobre los vuelos de la muerte y los “asaditos”, que era la quema de secuestrados en dos canchas de fútbol del predio de la Escuela donde jugaban los militares.
Para lograr la contundencia de las pruebas, los fiscales trabajaron con periodistas y profesionales de diversas disciplinas: el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y la Comisión Asesora de Antecedentes, entre otros. En algunos casos, lograron acceder a documentación desclasificada y apropiarse de ella antes de que fuera destruida por las fuerzas armadas o de seguridad. “Tener los documentos saca el peso a los sobrevivientes y les da crédito”, explica, pues muchas de sus declaraciones en los juicios anteriores habían sido cuestionadas por falta de objetividad o porque evidenciaban contradicciones. “La defensa usaba la chicana para perturbar la declaración de las víctimas. Había que empoderarlas para que la mortificación no les afectara a la hora de declarar”, aseguró.
Los primeros en entregar las pruebas a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fueron los sobrevivientes. En 1979, tres mujeres liberadas -Alicia Millia de Pirles, Sara Solarz de Osatinsky y Ana Martí-, hicieron declaraciones que comprometían a las fuerzas armadas. Por eso, los detenidos en la Esma fueron trasladados temporariamente a la localidad bonaerense de Tigre para que una inspección, avisada un año antes, no produjera ningún resultado satisfactorio. Los ex detenidos además confeccionaron listas exhaustivas de compañeros desaparecidos con sus apodos y fechas de traslado, además de una nómina de imputados.
Víctor Basterra, un secuestrado experto en fotografía, era utilizado como mano de obra esclava para fraguar documentos de identidad para los represores. Durante sus cuatro años de cautiverio escondió copias de las fotos, que luego entregó como pruebas a la fiscalía. El conscripto desaparecido Sergio Tarnopolsky elaboró una lista de guardias, planos, e información relativa al campo de exterminio. La resistencia también tuvo su pata periodística: Rodolfo Walsh, con una red de informantes de las fuerzas armadas, difundía cables de la Agencia Clandestina de Noticias.
La labor de hormiga llevada a cabo por la fiscalía ha podido comprobar el rol fundamental de la prensa hegemónica durante la dictadura, en particular los diarios La Razón, La Nación, Clarín, Crónica y las revistas Para Ti y Gente. Thelma Jara de Cabezas era una secuestrada que fue llevada a una entrevista fraguada. La revista Para Ti publicó la nota con el título “Habla la madre de un subversivo muerto”. El objetivo era manipular la opinión pública y denostar la lucha de los militantes. La dirigente montonera Norma Arrostito fue utilizada con idénticos propósitos. Por eso, en el alegato final, la fiscalía pidió al TOF 5 que la sentencia incluya un pedido de rectificación de la información publicada sobre las víctimas. “Debe aparecer en el mismo lugar en que aparecieron las notas”, explicó Soiza Reilly.
“Los alegatos finales que presentamos en abril último después de cuatro años de trabajo duraron 110 horas porque había muchas pruebas. ¿Se imaginan el esfuerzo que significó, especialmente para mi garganta?”, bromeó María de las Mercedes Soiza Reilly, una de las fiscales federales a cargo de la megacausa Esma III, durante una charla con estudiantes de periodismo en ETER.
Mientras se espera la sentencia del Tribunal Oral Federal 5 en el juicio más grande de la historia del país la fiscal, con voz clara y potente, frases precisas y mucha pasión, describió el proceso de recomponer las historias de las casi 800 víctimas que fueron secuestradas, torturadas y la mayoría de ellas muertas o desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. “Había que crear un reservorio de pruebas irrefutables. Estamos obligados a tener objetividad”, señaló.
Soiza Reilly, que llevó la acusación junto con Guillermo Friele, señaló las dificultades que imponía regirse por el código procesal vigente, con normas obsoletas que no se adecuan a juicios de la envergadura del Esma III, donde había 69 genocidas imputados. La fiscalía también alegó sobre los vuelos de la muerte y los “asaditos”, que era la quema de secuestrados en dos canchas de fútbol del predio de la Escuela donde jugaban los militares.
Para lograr la contundencia de las pruebas, los fiscales trabajaron con periodistas y profesionales de diversas disciplinas: el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y la Comisión Asesora de Antecedentes, entre otros. En algunos casos, lograron acceder a documentación desclasificada y apropiarse de ella antes de que fuera destruida por las fuerzas armadas o de seguridad. “Tener los documentos saca el peso a los sobrevivientes y les da crédito”, explica, pues muchas de sus declaraciones en los juicios anteriores habían sido cuestionadas por falta de objetividad o porque evidenciaban contradicciones. “La defensa usaba la chicana para perturbar la declaración de las víctimas. Había que empoderarlas para que la mortificación no les afectara a la hora de declarar”, aseguró.
Los primeros en entregar las pruebas a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fueron los sobrevivientes. En 1979, tres mujeres liberadas -Alicia Millia de Pirles, Sara Solarz de Osatinsky y Ana Martí-, hicieron declaraciones que comprometían a las fuerzas armadas. Por eso, los detenidos en la Esma fueron trasladados temporariamente a la localidad bonaerense de Tigre para que una inspección, avisada un año antes, no produjera ningún resultado satisfactorio. Los ex detenidos además confeccionaron listas exhaustivas de compañeros desaparecidos con sus apodos y fechas de traslado, además de una nómina de imputados.
Víctor Basterra, un secuestrado experto en fotografía, era utilizado como mano de obra esclava para fraguar documentos de identidad para los represores. Durante sus cuatro años de cautiverio escondió copias de las fotos, que luego entregó como pruebas a la fiscalía. El conscripto desaparecido Sergio Tarnopolsky elaboró una lista de guardias, planos, e información relativa al campo de exterminio. La resistencia también tuvo su pata periodística: Rodolfo Walsh, con una red de informantes de las fuerzas armadas, difundía cables de la Agencia Clandestina de Noticias.
La labor de hormiga llevada a cabo por la fiscalía ha podido comprobar el rol fundamental de la prensa hegemónica durante la dictadura, en particular los diarios La Razón, La Nación, Clarín, Crónica y las revistas Para Ti y Gente. Thelma Jara de Cabezas era una secuestrada que fue llevada a una entrevista fraguada. La revista Para Ti publicó la nota con el título “Habla la madre de un subversivo muerto”. El objetivo era manipular la opinión pública y denostar la lucha de los militantes. La dirigente montonera Norma Arrostito fue utilizada con idénticos propósitos. Por eso, en el alegato final, la fiscalía pidió al TOF 5 que la sentencia incluya un pedido de rectificación de la información publicada sobre las víctimas. “Debe aparecer en el mismo lugar en que aparecieron las notas”, explicó Soiza Reilly.